La semana pasada asistí al lanzamiento de la pieza Inicio, una joya diseñada por Mónica Varela y Miguel Méndez, hecha en larimar. Lo interesante del evento giró en torno a que los realizadores fueron artesanos que forman parte de Manos Dominicanas, el proyecto del Programa Supérate.
Los artesanos fabricaron las joyas a partir del diseño de Mónica y Miguel. Con esto, por un lado, accedieron a una fuente de ingresos, por el otro, pusieron en práctica una serie de destrezas obtenidas mediante formaciones en diversas áreas.
Ahora bien, más que centrarme en el aporte que la pieza Inicio supone para los joyeros, me llama mucho a la atención la oportunidad que existe para impulsar el desarrollo de poblaciones vulnerables mediante principios de Compras Responsables. Para entrar en materia, este concepto no es más que una práctica de consumo en la que se tiene en cuenta el impacto social, económico y medioambiental de los productos que se compran. Es decir, adquirir bienes y servicios mediante criterios de ESG.
Y aunque el término está muy relacionado con las Compras Verdes, en este caso va más allá. Se refiere a la capacidad de impacto que tienen los compradores o consumidores en cada una de sus decisiones de compra.
Por un lado, están quienes adquieran la joya Inicio. Su adquisición aporta a la generación de ingresos de las familias que viven en condiciones de vulnerabilidad, cuya fuente de autonomía financiera es la joyería. De otro lado, los recursos obtenidos por la venta de la pieza están destinados a apoyar a un joyero que ha hecho grandes aportes a la difusión del larimar en la República Dominicana y que ahora vive en situación de vulnerabilidad.
En el otro extremo se encuentran las compras públicas. Se suele decir, y con razón, que el Estado es el mayor comprador del país. Entre suministros, bienes para la aplicación de las distintas políticas públicas y servicios para sostener las administraciones de las instituciones, el aparato estatal es un consumidor enorme.
Significa que, su capacidad para incidir en el bienestar de pequeños productores y comerciantes es enorme. Hace unos años, la Dirección General de Contrataciones Públicas, con el liderazgo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, impulsó una serie de medidas para priorizar la adquisición de bienes y servicios ofrecidos por pequeñas y medianas empresas. A la vez, se adoptaron las medidas para fomentar que el Estado consuma los productos de Pymes lideradas por mujeres.
La decisión, definitivamente aporta a la reducción de algunas desigualdades. Y es aquí donde falta dar el siguiente paso. En torno a las compras responsables, también existe la idea de la Responsabilidad Extendida -todo esto entra en el campo semántico de la Responsabilidad Social-.
Con la responsabilidad extendida, las organizaciones generan cláusulas que fomenten conductas responsables en sus proveedores. Por ejemplo, digamos que yo quiero comprar harina para hacer pan. Al hacer trato con un vendedor, coloco en el contrato la cláusula de que, para adquirir su producto, este debe haber producido su harina mediante prácticas de comercio justo.
Esto se aplica a distintas situaciones. Si como institución contrataré una empresa que diseñe páginas webs, indico en el contrato que esta debe contar con cierta cantidad de mujeres o de personas con discapacidad en su plantilla.
La idea es que mi consumo como institución fomente buenas prácticas de responsabilidad. Así, si yo compro las piezas de la tienda de Manos Dominicanas, implícitamente participo del contrato que dice que todos sus productos fueron creados por hombres y mujeres que viven en condiciones de vulnerabilidad, por lo que estoy aportando a su autonomía financiera.
Lo mismo puede y debería suceder en las contrataciones de las instituciones públicas. Por un lado, están los estándares clásicos de transparencia y cumplimiento de los términos de referencia. Por el otro, las cláusulas de responsabilidad extendida hacen que el criterio de compra de un bien o servicio no sólo se base en el precio, sino que incluya la instalación de unos valores socialmente responsables con las poblaciones y situaciones de mayor relevancia para el desarrollo social y económico del país.
