En dos meses el Ministerio Público deberá depositar acusación contra los miembros de esa institución y otras personas acusadas de borrar y alterar, a cambio de sobornos, registros de antecedentes penales existentes en la base de datos de la Procuraduría General de la República, a cerca de 17 mil personas.
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió la solicitud realizada por el órgano del sistema judicial y le otorgó un plazo de dos meses para culminar las investigaciones y depositar la acusación formal contra los imputados de la denominada Operación Gavilán.
El juez Deiby Peguero Jiménez señaló que la solicitud fue recibida dentro del tiempo hábil de ocho meses, conforme a lo establecido en la norma, por tratarse de un caso complejo. Además, entendió que los elementos probatorios aportados por el órgano acusador, en la instancia y en la audiencia, fueron buenos y válidos.
Además, amparado en el artículo 228 del Código Procesal Penal, señaló que al extenderse el plazo de las indagatorias, decidió variar la medida de coerción a Mártires Reyes, Alfredo Mirambeaux, Rubén Darío Morbán, Alfredo Astacio Polanco y Domingo Julio Santana, quienes guardan prisión preventiva desde el 7 de agosto del año 2023.
A cambio, les impuso una garantía económica de un millón de pesos mediante una empresa aseguradora, impedimento de salida sin previa autorización judicial y prisión domiciliaria, al valorar que no presentan peligro de fuga, ni potestad para obstaculizar lo que resta de la investigación.
En el expediente el Ministerio Público establece, que, a través de las ejecuciones realizadas por esta red criminal, fueron beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de bebidas alcohólicas, así como por secuestro, llegando a eliminar, inclusive, los registros de antecedentes a personas recluidas, cumpliendo condenas de hasta de 30 años de prisión.
