La Fundación Primero Justicia junto a un grupo de abogados sometió en la mañana de ayer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) contra la resolución No. 11-2023.
Según denunció Miguel Surun, presidente de la fundación, la disposición privatiza los servicios de hemodiálisis en toda la red de hospitales del Estado dominicano, en perjuicio de los pacientes renales de escasos recursos económicos.
Al hablar en representación de los juristas, Surun calificó la normativa como “una condena de muerte”, al considerar que la vida de muchas personas depende del acceso oportuno a los servicios de hemodiálisis, lo cual dependerá de la voluntad o no del empresario propietario de dichos servicios.
Indicó que la disposición es contraria al artículo 61 de la Constitución, que garantiza el derecho a la salud, el cual, a su juicio, no se está garantizado a las personas más desposeídas.
