El reglamento de aplicación de la controversial Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), deberá estar listo antes de este 15 de abril, día en que vence el plazo de 90 días establecido en la pieza.
De acuerdo con el artículo 37 de la normativa promulgada el 15 de enero de 2024, la Dirección Nacional de Inteligencia elaborará y propondrá al Poder Ejecutivo el reglamento de aplicación a partir de la entrada en vigencia de la normativa.
Al parecer, se cumplirán esos tres meses sin que el Congreso Nacional logre modificar o anular la legislación, tal como han solicitado sectores; o para que el Tribunal Constitucional (TC) falle en relación a las instancias sometidas contra la legislación.
Las opiniones en torno a la Ley 1-24 están recogidas en tres proyectos depositados en el Congreso y en un documento a cargo de la mesa revisora de la pieza, encabezada por la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y representantes del Gobierno.
También la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) trabajan en la elaboración de un proyecto para modificar la polémica pieza.
Esto además de las cuatro acciones de inconstitucionalidad que hasta el 23 de enero pasado sometieron distintos sectores ante el TC, para derogar la Ley o algunos de sus artículos, en especial el 9, 11 y 29 (los más criticados).
Entre las noticias más frescas sobre la Ley DNI destaca la del pasado 15 de marzo. Se anunció que los abogados Olivo Rodríguez Huertas, Harold Modesto, Eric Raful y Carolina Ramírez entregaron un informe preliminar a la comisión de la Sociedad Dominicana de Diarios y al Gobierno, sobre diferentes propuestas para reformar la controversial legislación.
La iniciativa estaría lista en 15 días
Por otro lado, el titular de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Juan D. Rodríguez, anunció el pasado 4 de marzo que el proyecto que trabajaba para modificar la Ley 1-24 iba a estar listo “dentro de 15 días”. Ese mismo 4 de marzo, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) presentó 20 observaciones a la Ley de cara a una nueva pieza.
