El Día Mundial del Agua, celebrado ayer viernes, encuentra a la República Dominicana desactualizada a nivel legislativo en esa materia.
Esto a pesar de que en el Congreso Nacional han sido sometidos varios proyectos de ley de agua, con la finalidad de que el país tenga un marco legal que regularice ese sector, tal como demandan los nuevos tiempos.
La triste realidad es que el órgano bicameral aún espera la iniciativa de ley de aguas que elaboraba el Gobierno, cuyo borrador tuvo sus últimas modificaciones en octubre de 2023 y del cual se dijo, en ese fecha, que sería entregado a los titulares de los ministerios de Economía y Medio Ambiente “dentro de una semana” para que decidieran el curso de la pieza. Sin embargo, el pliego de ley no ha llegado al órgano parlamentario hasta el momento.
Máximo Castro Silverio, diputado de Santiago y miembro del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), en un intento más por dotar al país de una herramienta que regularice el preciado líquido, volvió a someter en la Cámara Baja su “proyecto de ley de agua”. Lo introdujo el pasado 05 de marzo. La iniciativa fue enviada a la Comisión Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la sesión del día 12 del corriente mes.
Meses antes, en julio de 2023, el legislador reformista sometió también el “proyecto de ley de agua potable y saneamiento”, normativa que, al igual que la anterior, fue remitida a la misma comisión con el objetivo de que sea estudiada.
Durante el cuatrienio 2020-2024, “don Máximo”, como suelen llamarlo en el Congreso, se mantiene reintroduciendo las dos iniciativas, de forma recurrente, debido a que perimen cada dos legislaturas, al no ser aprobadas y convertidas en ley.
En 2022 y 2023, también perimieron los proyectos de ley de agua presentados por los senadores Eduardo Estrella (DxC-Santiago) y Valentín Medrano (PLD-Independencia). Ambas legislaciones no han sido reintroducidas, por lo que los únicos pliegos de ley vigentes en el Congreso son los dos sometidos por el diputado Castro Silverio.
Iniciativa del Gobierno
El anteproyecto de ley de aguas que trabajaba el Gobierno fue actualizado por el viceministerio de Suelos y Aguas de Medio Ambiente, así como por la Dirección Jurídica.
Según se informó a principios de octubre del 2023, los funcionarios Pável Isa Contreras y Miguel Ceara Hatton, ministros de Economía y Medio Ambiente, respectivamente, recibirían el borrador legislativo en una semana, para que, si así lo consideraran, lo entregaran al Poder Ejecutivo, que, al tener iniciativa legislativa, tiene la facultad de introducir la pieza en una de las dos cámaras congresuales. Lo que no ha ocurrido aún.
El proyecto de ley de aguas es una de las iniciativas más esperadas por la población y también una promesa del Gobierno. Fue en ese sentido que René Antonio Mateo, viceministro de Suelos y Aguas del Ministerio de Medio Ambiente; y Ana Patricia Ossers, directora jurídica de la entidad, fueron designados para revisar los últimos cambios sugeridos por diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
Preguntada (en octubre de 2023) sobre por qué se creará una ley de aguas y no un código, Ossers explicó que en una propuesta sometida en el 2020 se decidió que para que sea una ley posible en aplicación, debe ser una legislación más simple, por lo cual se excluyó todo lo que tiene ver con regulación de servicio, y se dejó la regulación del recurso. Por esto se descartó el código de aguas.
Contiene el anteproyecto ley de aguas del Gobierno
El anteproyecto de ley de aguas del Gobierno contiene una serie de aspectos que le faltan al marco legal vigente (Ley 58-52), como es en los casos de derecho de propiedad (se dan a perpetuidad); y no hay un régimen de participación de los usuarios en las cuencas (no se habla de consejo de cuencas o consejo hídrico). “Esta ley, lo primero es que resuelve el problema de la dispersión, y crea una autoridad nacional del agua que se encarga del recurso y deja la regulación de los servicios a los sectores que les corresponde, como es la generación hidroeléctrica, el sector Agua Potable y Saneamiento, sectores industriales y de riesgo, que deben tener sus propias leyes sectoriales. Esto es una ley marco central para regular el agua como recurso, no los servicios que prestan agua”, manifestó René Mateo en octubre de 2023. Enfatizó en que la República Dominicana cuenta con 21 instituciones que de alguna manera tienen roles protagónicos con el agua, y la mayoría de veces lo hacen sin planificación entre ellas. Consideró que “ese problema hay que resolverlo”. En tanto, Ana P. Ossers indicó que en el borrador del Gobierno hay una mejor y más robusta regulación del aprovechamiento del recurso del agua, que en el proyecto de la CD.
