En una de las tantas conversaciones que he tenido en los últimos días sobre los hechos del sábado, una persona me dijo, refiriéndose a las nueve personas fallecidas en el paso a desnivel de la Máximo Gómez con 27 de Febrero: “Es que estaban en el lugar y el momento equivocados”. Le dije que de ningún modo. Las 21 personas que perdieron la vida a causa de las lluvias del sábado estaban haciendo una vida normal. Los fallos vinieron por otro lado.

Este no será un ejercicio de búsqueda de culpables. Para eso, espero, están las investigaciones que las autoridades y organismos pertinentes deben hacer. Más bien, quiero que echemos un vistazo a los datos con los que contamos y que a partir de ahí saquemos algunas conclusiones.

Primero, las lluvias del sábado se anunciaron con bastante tiempo de antelación y venimos de un antecedente con la vaguada del año pasado. La única diferencia esta vez fue que en el Distrito Nacional se registraron alrededor de 430 milímetros cúbicos de lluvia por metro cuadrado, casi el doble del aguacero de noviembre cuatro del 2022.

Las lluvias impactaron de forma brutal las siembras, viviendas, enceres, vehículos y vidas en hogares de casi todo el país. Ayer no se había informado, pero a juzgar por la magnitud de los daños, puede estimarse que estos supondrán un costo superior a los US$384.74 millones, del huracán Fiona, monto equivalente al 0.3 por ciento del PIB de ese año.

Cabe destacar que entre 2017 y 2022, fenómenos como estos desplazaron a 79,182 personas, de acuerdo a cifras de la Defensa Civil. Sólo el sábado hubo unos mil desplazados.

Segundo, tenemos un bloque de hormigón desprendido en el tramo este-oeste del paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez. El Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (Codia) informa que avisó de vicios estructurales en la obra hace 25 años.

Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) dieron declaraciones que dicen que en el año 2000 hubo un derrumbe similar. Pero, nadie dice desde cuándo no se hace una auditoría de infraestructura a las obras viales del país. Nadie explica por qué si había reportes y antecedentes de vicios estructurales, no se agotó un protocolo.

A la vez, de un lado tenemos a políticos que tratan de arrastrar culpables del pasado. Del otro, a más dirigentes que motivan una cacería sobre los responsables del presente.

Entre tanto, lo único cierto es que ni uno ni otro han estado a la altura. El país tiene índices de vulnerabilidad climática, protocolos de gestión de riesgo, diagnósticos de riesgos climáticos, antecedentes, proyecciones y cuanta información haga falta para tomar decisiones preventivas.

Y por otra parte tenemos una sociedad civil que no ha podido articular esfuerzos reales de veeduría y posicionamiento en temas de infraestructura. De hecho, si el Codia, que es la institución más importante del país en términos de asesoramiento al Estado y vigilancia del interés público en ejecución de proyectos, como autoridad no tiene la fuerza necesaria para que le escuchemos en una advertencia de esta magnitud, entonces tenemos un problema a todos los niveles.

Da vergüenza que, en un país con historial de temporadas ciclónicas, todavía las lluvias nos golpeen de este modo. ¿Qué hubiera pasado si hubiese sido un huracán categoría tres como los hemos tenido en el pasado? ¿Qué va a pasar el año que viene cuando vuelvan las lluvias en noviembre?

Como han dicho tantísimos académicos y técnicos, este no es un fenómeno aleatorio. Vendrán más y con mayor fuerza. ¿Las amenazas naturales continuarán siendo desastres?

Ahí están los seguros haciendo publicidad con el apoyo a las víctimas. Hay empresas impulsando campañas de marketing de tragedia, figuras haciendo videos de solidaridad y todo el mundo sacando una cuota mediática. Y estarán así hasta que llegue la próxima noticia, algún cantante de dembow genere un escándalo o cualquier otro distractor.

Entre tanto, seguimos fallando como Estado a la ciudadanía. Esas 21 personas no fallecieron por estar en el momento y lugar equivocados, fue porque como país fuimos incapaces de protegerles. Las mil personas desplazadas por las lluvias estaban en sus casas o en jornada laboral y no fueron protegidas.

Al final, la mayor amenaza que tenemos en la República Dominicana no son los huracanes u ondas tropicales, es un Estado incapaz de prevenir y tomar medidas. Y no se trata de esta o aquella institución pública, somos todos los actores que lo componemos. Aquí la culpa no es del otro, parafraseando al comediante, la responsabilidad es de cada ciudadano y ciudadana desde sus respectivos roles.

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