Los partidos de gobierno son sospechosos habituales de que usan los recursos del Estado para beneficio electoral. Ocurrió con el PRSC en sus años de dominio; con el PLD en su era de gloria en el poder y ahora se repite con el PRM, que ha comenzado a escribir su propia historia sobre el uso de los recursos públicos para arrasar en las elecciones.
En esta etapa ha ocurrido un evento de lo más interesante, que más que sospecha, es casi una prueba del delito. El PRM y sus aliados de manera inexplicable están ciegos, sordos y mudos, ante el recorte de los recursos que les corresponden por derecho a los partidos en el año electoral. Y las dudas sobre ese comportamiento aumentan por tres variables. La primera, es que las campañas políticas se sabe que son costosas y buscar los recursos no es fácil, o al menos, no los que están en la oposición.
La otra variable es que los partidos aliados al PRM, especialmente los que se mantuvieron pegados de la teta del Estado en los gobiernos del PLD, se sabe que son insaciables y que no se interesen por esos millones, es más sospechoso.
La tercera variable es que ninguno de los dirigentes más importantes de los nuevos aliados está nombrado en el Estado. El Partido Cívico Renovador (PCR), de Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, es una de esas organizaciones que está despreciando sumarse a una lucha, que en caso de que se gane, representaría 43 millones 213 mil 714 pesos más para su partido. El hombre está en silencio desde aquel famoso acto en el que hizo jurar al presidente Abinader que lo nombraría en el gobierno “ahora y después”.
El PRM estaría despreciando la suma de, nada más y nada menos, que de 504 millones. ¿De dónde el PRM y sus aliados están obteniendo recursos para financiar la campaña que están ciegos, sordos y mudos ante la reducción del 50% de los recursos que debe entregarles el Estado? Hay un principio en la investigación criminal que reza: “El crimen perfecto no existe”.
