La oposición gritó. Depositó no uno, fueron dos documentos ante el pleno de la JCE. El segundo, no leído ni entregado a la prensa, firmado por Leonel Fernández, Abel Martínez y Miguel Vargas, toca una fibra sensible para los dominicanos, la estabilidad política, que impacta en lo económico y en la paz social.
No deja de ser una apuesta arriesgada, pues los empresarios y poderes fácticos son sensibles con ese tema, pero también, acorralar al competidor siempre ha sido peligroso y la historia ha probado que no hay adversario pequeño.
Parece que desde el Gobierno y desde el PRM hay un cambio de estrategia con respecto a la oposición en especial hacia Leonel Fernández. Desde hace algunas semanas se observa no un alto al fuego contra el expresidente y candidato de la FP, pero sí una merma con respecto a los ataques previos y la semana siguiente a las elecciones del 18 de febrero.
Otra prueba es que el Gobierno, o más bien el PRM, sus aliados y sus representantes en los medios de comunicación y redes, no han respondido a la acción opositora del pasado lunes. Distinto a como ocurría hace semanas y meses atrás.
Parece que el PRM entiende que lo de mayo es un asunto de simple trámite y prefiere no caer en contradicciones que luego puedan afectar el consenso que necesita para la reforma fiscal, que se dice será inminente, o para la reforma constitucional.
Los que no quedan en una situación favorable ante el levantamiento opositor son los miembros de la JCE. Los documentos de la oposición contienen duras críticas contra el órgano electoral, aunque de manera elegante.
Conviene recordar que este año,el nuevo Senado elegirá a nuevos miembros de la Junta y esa tarea no depende solo de los senadores, también de los partidos con incidencia electoral. Los partidos no deciden a quién o quiénes se designa, pero sí a quienes no aceptan en el órgano electoral como árbitro.
