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Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), expresó este martes que la convocatorio de paro de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) desborda todo principio de razonabilidad y proporcionalidad en la salvaguarda del derecho a la educación consagrado en la Constitución y trae consigo una crisis que degenera el aprendizaje de calidad y oportuno en la comunidad educativa.
«La educación como derecho es inherente, indispensable, inalienable y esencial para el desarrollo pleno de la persona, reafirma su condición de dignidad y su acceso y calidad debe ser diseñado para tales fines», manifestó en una nota de prensa.
Castaños Guzmán precisó que la educación no puede estar sujeta a restricciones, condicionamientos o limitaciones por causas presupuestarias.
Dijo que es necesario que se concentren los esfuerzos en un dialogo nacional que reúna las diferentes organizaciones públicas y privadas que puedan abocarse a examinar a profundidad los parámetros educativos y llegar a un consenso de mejora para evitar recurrir a mecanismos ilegítimos que degraden las fallas que ya son propias del sistema.
A continuación texto íntegro
La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) pone sobre aviso una vez más que la paralización de la docencia y movilización nacional convocada para este 1 de mayo por parte de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), desborda todo principio de razonabilidad y proporcionalidad en la salvaguarda del derecho a la educación consagrado en la Constitución y trae consigo una crisis que degenera el aprendizaje de calidad y oportuno en la comunidad educativa.
Reiteramos nuestras preocupaciones debido al impacto negativo que estos paros provocan. Siendo una actividad históricamente repetida por la ADP, se ha inmerso en el sistema dominicano como una práctica colectiva que genera una suerte de intranquilidad en todos los sectores de la sociedad. La interrupción de la actividad educativa de los niños, niñas y adolescentes que asisten a los centros educativos públicos del país constituye un ejercicio ilegítimo del mandato constitucional plasmado en el artículo 63.
La educación como derecho es inherente, indispensable, inalienable y esencial para el desarrollo pleno de la persona, reafirma su condición de dignidad y su acceso y calidad debe ser diseñado para tales fines.
La educación no puede estar sujeta a restricciones, condicionamientos o limitaciones por causas presupuestarias. Es un derecho universal que posee una eficacia directa e inmediata sobre los poderes del Estado, los docentes, los estudiantes y demás sujetos involucrados. Dicho de otra forma, por ser el docente un actor fundamental en la formación inicial, básica, media y superior el ejercicio de la carrera no debe prestarse a una dimensión institucional que desarrolle condiciones desfavorables a los titulares del derecho.
El modelo que se ha instalado en el país por vía de esta práctica en las últimas décadas ha generado distorsiones en este sistema. Los vicios del sector educativo en ocasión de estos paros lesionan los logros sociales y los avances institucionales que el país ha conquistado.
Si bien es cierto que las reivindicaciones que pudieran realizar los educadores poseen cierto grado de reconocimiento, no es menos cierto que ello deba traducirse en una vulneración al derecho esencial para el desarrollo de la nación. Por medio de la sentencia TC/0064/19, el Tribunal Constitucional se pronunció al señalar que: “el derecho a la huelga no constituye un derecho absoluto (…)”. En este mismo sentido, apunta que: “la educación tiene por objeto la formación integral del ser humano (…) y es un derecho que debe ser garantizado a lo largo de toda la vida”.
Entendemos pertinente que, sobre todo, debe primar la prestación óptima del servicio de educación. El mayor perjuicio recae sobre los estudiantes, que se ven envueltos en conflictos que requieren de un programa cabalmente direccionado a garantizar estrategias oportunas para la superación del sector escolar.
Es necesario que se concentren los esfuerzos en un dialogo nacional que reúna las diferentes organizaciones públicas y privadas que puedan abocarse a examinar a profundidad los parámetros educativos sustanciales y llegar a un consenso de mejora para evitar recurrir a mecanismos ilegítimos que degraden las fallas que ya son propias del sistema.
Al cabo, desde FINJUS resaltamos la especial trascendencia que posee el servicio público educativo. Su aprovechamiento es indispensable para la concreción de una base idónea en igualdad de oportunidades, favoreciendo la cohesión social y el progreso económico. La consolidación del Estado social y democrático de derecho requiere de priorizar las herramientas de diálogo consensuado para fomentar un desarrollo armónico e integral que sea el sustento apropiado para evitar el detrimento de la eficacia y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente Ejecutivo FINJUS.
