Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, pero sí político, se destacó por ejercer una gran presión a la JCE para que intervenga y evitara el uso de los recursos del Estado en la campaña electoral.

Fundada en1993, se fortaleció por las denuncias de corrupción y mal uso de los recursos públicos en los gobiernos del PRSC y Joaquín Balaguer, primero y del PLD con Leonel Fernández y Danilo Medina, después.

En cuanto al uso de los recursos del Estado en la campaña electoral, la entidad fue particularmente exigente con la JCE en las elecciones de 2008, 2012 y 2016 para que interviniera a pesar de que para entonces la Ley Electoral no contemplaba nada sobre la materia. PC decía que la JCE podía hacer uso de sus facultades reglamentarias para tomar medidas en ese asunto.

Ante el debate que se ha generado por el alcance del párrafo seis del artículo 210 de la Ley 20/23, la entidad se despachó con un comunicado en el que interpreta a favor del PRM y el gobierno, la confusión. Se ocupó de aclararlo en el título. “Las inauguraciones de la Presidencia están prohibidas solo a 60 días de las elecciones”, subrayó.

Participación Ciudadana, con una historia tan larga como intensa en exigir a la JCE que detenga inauguraciones y acciones del gobierno que consideraba uso de recurso públicos para beneficiar al partido de gobiernos anteriores, debió mantener la coherencia y en lugar de interpretar la ley para que sigan las inauguraciones, pudo interpretarla para que se detengan.

Fue la gran oportunidad de esa entidad hacer cumplir esa gran demanda que tiene desde hace tanto tiempo, sobre todo ahora, que la ley lo contempla. Lo único distinto que ocurre entre la agenda de ahora y la de antes de ese movimiento cívico, es que quienes gobiernan hoy, fueron los opositores de ayer.

Tal vez con tantas coincidencias de agenda durante tanto tiempo, entre el PC y los que hoy gobiernan, germinó un gran cariño y se le hace difícil convertirse en su martillo. Otra prueba de que una cosa es con guitarra y otra con violín, pero es para todos, no solo para los políticos de los partidos, también para los agrupados en “independientes”.

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