Las protestas sociales con matices políticos han cambiado el sosegado escenario interno del Estado de Israel, donde cohabitan ideologías políticas y religiosas, costumbres y culturas disímiles, desde su fundación hace 75 años.
Al margen de los conflictos con sus vecinos, Israel es sinónimo de innovación, desarrollo, organización y estabilidad, aspectos que se ven amenazados por las discrepancias que emergen de la sociedad ante iniciativas políticas que cambiarán la dinámica institucional.
La génesis de esta inconformidad es la aprobada reforma que limita el accionar del sistema judicial y de paso fortalece la incidencia y capacidad de maniobra del Poder Ejecutivo y el Parlamento, ambos bajo el liderazgo del cuestionado primer ministro, Benjamin Netanyahu. La enmienda legislativa contempla estos cambios:
1) Una parte del Parlamento podrá invalidar la facultad de revisión y anulación de leyes dispuesta por la Corte Suprema.
2) Aumentar la representación en el comité encargado de nombrar jueces, entre ellos, los que integran la Corte Suprema.
3) Los ministros no tendrán que obedecer las disposiciones y orientaciones de sus consejeros legales, que están bajo el mando directo del Fiscal General.
Esta reforma es parte de los acuerdos concertados por Netanyahu con los partidos judíos ultraortodoxos y de ultraderecha, con los cuales su organización política logró la mayoría parlamentaria que le permitió su designación en el cargo cuando casi se cumplía el plazo para tales fines en los últimos días de diciembre de 2022.
Estos pactos también influyeron en la conformación del Gobierno. El Poder Ejecutivo pasó de ser heterogéneo en cuanto a representación política, a estar bajo el control ministerial de los judíos ortodoxos.
Desde entonces la democracia ha sido cuestionada en Israel, pues en esos partidos hay dirigentes con posturas radicales que han manifestado su respaldo a proyectos orientados a expandir el adoctrinamiento religioso, incluyendo a centros educativos laicos; la deportación de aquellos que sean considerados desleales al Estado; y restarle derechos adquiridos a segmentos minoritarios, entre ellos, los que tienen otras orientaciones sexuales.
Aunque se percibe un rechazo generalizado a la reforma del poder judicial, estudios de opinión pública reflejan que la sociedad está polarizada en relación al tema. Una encuesta realizada por el Instituto Israelí para la Democracia determinó que: el 66 % considera que el Tribunal Supremo debe tener poder para anular leyes; el 63 % opina que el mecanismo de nombramiento de jueces debe continuar como está; mientras que el 72 % estima que era mejor una negociación política y no una imposición.
El convulso escenario social podría recrudecerse con una nueva oleada de protestas, ante la última afrenta del Parlamento, que este pasado fin de semana aprobó una ley que impone brazaletes electrónicos a los sospechosos de violencia doméstica, siempre y cuando hayan sido condenados por violentar una orden de restricción previa o que hayan sido procesados por los delitos que se le imputan, requisitos que generan más vulnerabilidad a las víctimas.
Trascendió en medios de prensa internacionales que, el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Ben Gvir, boicoteó la aprobación del proyecto de ley original en marzo, con la justificación de que presentaría una versión “más equilibrada”, la cual redactó con organizaciones masculinas preocupadas por supuestas falsas acusaciones contra hombres.
A todas luces, esta nueva legislación es extemporánea y podría darle otro matiz al movimiento de protesta iniciado en enero, porque el segmento de la mujer se torna más vulnerable cuando sus derechos se abordan desde el extremismo religioso.
La sociedad israelí percibe las reformas, sobre todo, la atinente al poder judicial, como un resguardo o inmunidad que procura agenciarse el premier Netanyahu ante los casos de corrupción que se la atribuyen. Su prolongado ejercicio del poder y la señalada tendencia hacia la extrema derecha que exhibe esta nueva gestión de Gobierno, a los fines de armonizar intereses con sus aliados, están desgastando la imagen de un político que hasta hace poco se había proyectado imbatible.
