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Por tratarse de algo que se ha convertido en rutinario, y que año tras año se repite en la mayoría de sus aspectos, no debiera sorprender el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre Derechos Humanos que acusa a República Dominicana de perseguir y deportar a migrantes haitianos y personas de ascendencia haitiana, incluidos los indocumentados, con lo que, afirma, pondría en mayor riesgo a poblaciones que de por sí ya eran vulnerables.
No sorprende por lo repetitivo de esos informes, pero sí alcanzan para provocar el “asombro” incluso del Gobierno dominicano, como lo expresó su vocero, que lo considera desproporcionado y agresivo y además que no se corresponde, dice, con “la estrecha y respetuosa amistad entre nuestros gobiernos”.
Efectivamente, la acidez de la crítica contenida en el informe contradice las excelentes relaciones de República Dominicana y Estados Unidos pregonada en otros escenarios, incluidos los espaldarazos del presidente Joe Biden a Luis Abinader por su madera de demócrata, a lo que hay que agregar los proyectos y programas que de manera conjunta desarrollan ambos países, muchos de los cuales tocan aspectos de desarrollo humano, seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico.
La falta de correspondencia de los informes con la realidad que ponderan, los lleva a perder prestigio y vigencia.
En muchos casos también porque sus denuncias en materia de violación de los derechos humanos no pueden sostenerlas en su propio suelo, en especial en lo relativo a los inmigrantes. Precisamente en esta coyuntura hay en el seno de la sociedad norteamericana un tenaz debate sobre migración.
No es que queramos caricaturizar los informe periódicos sobre diversos tópicos del Departamento de Estados porque, a decir verdad, la Dirección de Migración no está exenta de excesos, por lo que debiera existir mayor celo y rigor para que los agentes no se aparten de su competencia delimitada en la ley migratoria y su reglamentación, y en los dictados de nuestra Constitución.
En la República Dominicana impera un Estados de Derecho, y nos enorgullece que avanza en un contexto de estabilidad política y crecimiento económico sostenido.
En cuanto a su política migratoria, es la de un Estado soberano y por tanto no sujeta a normas dictadas desde fuera de su territorio, aunque se descuenta que tiene que ser justa, respetuosa de los derechos humanos y acorde con las legislaciones vigentes a nivel nacional e internacional.
