¿Cómo es que República Dominicana terminó metida en el DR-Cafta si no estaba preparada para ello, y mucho menos estaba en los planes de las naciones que se incluirían en el acuerdo?

La respuesta a esa interrogante es que el Gobierno cedió ante la presión de los empresarios del momento. Unos empresarios con miedo a las consecuencias que acarrearía quedarse fuera de ese pacto multinacional que incluía al país más poderoso del planeta, y que presionaron al gobierno (el presidente era Hipólito Mejía) para que se acomodara a las demandas de los estadounidenses en todos los espacios internacionales de comercio y política.

Así lo ha indicado una investigación del Centro de Estudios Económicos y Sociales P. Jose Luis Alemán, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), financiado por la Cámara Americana de Comercio, dado a conocer en 2018, y en el que se analiza a profundidad el contexto en que República Dominicana entra al acuerdo y los resultados de los primeros diez años de vigencia.

El tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, siglas en inglés) comenzó a gestarse en 2001 cuando la oficina de The United States Trade Representative (USTR) sostuvo conversaciones con representantes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua sobre la posibilidad de alcanzar un tratado comercial entre las partes (periódico elDinero, 26 de julio de 2018). “República Dominicana no estaba en los planes iniciales del acuerdo. En octubre de 2002, el presidente George Bush notificó al Congreso estadounidense que las negociaciones para un acuerdo de libre comercio comenzarían en 90 días, lo cual acrecentaba las presiones en el país. Cada día que pasaba era apremiante y algo había que hacer para no quedarse fuera del tratado comercial”, dice el estudio de la Pucmm.

En el último puesto de la fila

La misma investigación resalta que las negociaciones con Centroamérica empezaron en enero de 2003 y concluyeron en diciembre del mismo año entre Estados Unidos. El Salvador, Guatemala y Honduras. Costa Rica se unió al tratado el 25 de enero de 2004 y los seis países firmaron el acuerdo el 28 de abril de 2004.

“Y fue apenas en agosto de 2003 cuando el Gobierno estadounidense aceptó incorporar a República Dominicana al Tratado mediante una simple adhesión, negociando solamente las listas de acceso a mercado y los tiempos de desgravación, y sin tocar los temas de las disciplinas comerciales, es decir, los temas vinculados al desarrollo. Quedó así desde el inicio descartada toda posibilidad de lograr un ‘trato especial y diferenciado’ por los niveles de desarrollo (elDinero 26 de julio de 2018).

El estudio aborda la velocidad con que este país negoció su participación; una participación y premura que ahora pasará factura, cuando un producto tan sensible como el arroz, para el caso dominicano, pueda entrar sin pagar aranceles aduanales a partir del año 2025. Sería un revés para los productores nacionales.

Los tiempos de desgravación se negociaron en tres meses, algo insólito para un tema delicado. Y a diferencia de otros países, que protegieron algunos de sus productos “bandera”, dejándolos fuera del acuerdo, República Dominicana no supo proteger el arroz, y lo incluyó.

El estudio de la Pucmm ha descartado que el Gobierno de EE.UU. les impusiera el acuerdo a los dominicanos y más bien pone el dedo sobre grupos políticos nacionales y un sector específico del empresariado local, que se inclinaron no por negociar, sino por adherirse al DR-Cafta; así de simple.

“Eso fue como tirarnos al mar sin saber nadar”

El economista agrícola Winston Marte abordó ayer parte del tema en Despierta con CDN. Se movió con gran facilidad en el abordaje de sus distintos aspectos, y la conclusión que tiene es que República Dominicana no hizo estudios previos que le colocaran en buena posición en el tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica.

“No hubo estudios previos que permitieran ver, a largo plazo, los posibles efectos que el convenio pudiera tener en los diferentes sectores productivos del país”, dice el profesional de la economía. Y con sobrada razón.

Estados Unidos realizó la tarea, asegura. “Estudió profundamente el tema y ha obtenido elevado provecho del acuerdo”, dice Marte.

Mientras, el empresario Antonio Isa Conde, exministro de Energía y Minas en el pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dijo que “la entrada en vigor del DR-Cafta sin que los sectores productivos estuvieran preparados, fue como tirarnos al mar sin saber nadar”. Indicó que el gobierno de Estados Unidos apoya a sus productores de arroz mediante subsidios directos, basados en la producción, los precios y la superficie de tierra cultivada. Se estima que desde 1998, los subsidios directos promediaron cerca de US$1,000 millones al año.

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