No hay dudas de que la educación en nuestro país tiene grandes desafíos por superar. Sin embargo, hay un punto luminoso del cual se dice poco en los medios de comunicación y ha sido un inmenso paso de avance en beneficio de muchas familias: El compromiso mostrado por el sector público con los estudiantes con discapacidad al abrir en diferentes puntos del territorio nacional “aulas inclusivas”.

Tan sólo en el último año se han abierto más de 10 aulas de este tipo en distintos municipios y se han hecho alianzas entre el Ministerio de Educación (Minerd) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para la formación continua en materia de inclusión de los docentes que laboran en dichas aulas.

Además, las autoridades han anunciado que antes de finalizar este período serán inaugurados 7 centros de educación especial en igual número de provincias.

En este aspecto, el sector público en República Dominicana es más incluyente y ha logrado más que el privado. Un ejemplo de esto es que mientras en prácticamente ningún colegio, independientemente de que el interesado sea una persona con recursos, aceptan niños con un nivel severo de autismo (porque no pueden o no quieren lidiar con ellos), en las aulas inclusivas son bienvenidos, bien atendidos y las experiencias relatadas por madres que han hablado al respecto son todas positivas.

Con este acceso no excluyente a educación especial se crean espacios de equidad para que incluso niños con condiciones más graves adquieran necesarias herramientas para una vida digna, algo que a la mayor parte del sector educativo privado no parece interesarle.

Y aunque hay colegios privados que se autodenominan “colegios incluyentes”, es publicidad engañosa, pues en la práctica no cuentan con la capacidad (y mucho menos las voluntad) de manejar niños y niñas con condiciones especiales, y si lo hacen es cuando la condición es muy leve. Además, por lo general, tienen unos mal llamados “cupos de inclusión” pero usualmente es uno por aula y dos en casos excepcionales, lo que afianza la discriminación en un país en el que entre niños con autismo, con parálisis cerebral, con síndrome de Down y otros tipos de discapacidad intelectual suman cientos de miles.

Falta mucho, muchísimo por hacer y mejorar en beneficio de los niños con discapacidad, pero no sólo es de nobles reconocer las acciones positivas (y en este caso en particular, algo de tanta magnitud e impacto) sino que además es un estímulo para que se continúe avanzando en ese camino que ha tomado el sector público y que definitivamente es el correcto.

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